El juzgado nacional en lo criminal y correccional federal N 9, a cargo del doctor Lamadrid, ha resuelto dictar el procesamiento de 10 dirigentes estudiantiles de la FUBA. El “delito” de los compañeros no parece ser otro que el de haber participado de una movilización de estudiantes, docentes y padres el 28 de mayo pasado al Consejo Superior de la UBA, reclamando la permanencia de una sede del Ciclo Básico Común (CBC) en la zona oeste del conurbano.
Los compañeros procesados, Cristian Henkel, María Damasseno, Mariela Solesio, Santiago Gima, Agustín Vanella, Juan Pablo Rodríguez, Leonardo Perna, Laura Casal, Alejandro Raia y David Fridman, son todos destacados luchadores del movimiento estudiantil y protagonistas indiscutidos de las luchas libradas en el último período. Entre ellos se encuentran 2 de los 3 actuales copresidentes de la FUBA, 3 ex presidentes de la misma, 1 Consejera Superior, presidentes de centros de estudiantes y Consejeros Directivos de varias facultades.
La gravedad del procesamiento salta a la vista al ver que se los acusa del delito de “secuestro coactivo agravado por el número de participantes” que tiene una pena que va de los 10 a los 25 años y que por lo tanto es no excarcelable. Al mismo tiempo se ha trabado un embargo de $ 10.000 sobre cada uno de los compañeros y se les ha prohibido arbitrariamente la salida del país.
Una lucha triunfante
Es importante señalar que la lucha librada durante la primera parte del año por la permanencia de una sede del CBC en la zona oeste concluyó de una manera victoriosa. La lucha comenzó en el mes de marzo, cuando al comenzar las clases los estudiantes y docentes del CBC de Merlo se encontraron con la novedad de que la sede sería cerrada. El intendente de Merlo, Raúl Othacehé responsabilizaba al rector de la UBA Rubén Hallú, y éste, por su lado, le echaba la culpa al intendente de Merlo. Pero, mientras entre ambos se tiraban la pelota, las víctimas eran los 3500 estudiantes inscriptos en la sede junto a los trabajadores docentes y no docentes de la misma.
Ante esto estudiantes y docentes tuvieron una actitud ejemplar. Resolvieron de manera democrática quedarse en el lugar dictando y tomando clases mientras el rector y el intendente amenazaban, cada uno por su lado, con forzar un desalojo. Si éste finalmente no se dio fue únicamente por la actitud firme de estudiantes y docentes y por el apoyo brindado por la inmensa mayoría de la Universidad de Buenos Aires.
Aquel 28 de mayo la movilización de estudiantes, docentes y padres de Merlo tenía un objetivo muy concreto, a saber: el cumplimiento de la resolución Nº 3830 que había sido conquistada el 16 de abril del corriente año, pero que el rectorado se negaba a implementar efectivamente. La situación era sumamente grave porque las autoridades bloqueaban la presencia de personal administrativo en la sede, se negaban a tomar los exámenes en las instalaciones de Merlo y no había ningún avance sobre la búsqueda de una nueva sede. Esto obligaba a los estudiantes a quedarse a pernoctar en la sede del CBC, realizando una vigilia en custodia de las instalaciones.
Cuando el 28 de mayo los estudiantes, docentes y padres concurrieron a la sesión del Consejo Superior fue, como acabamos de señalar, para reclamar que se cumpla efectivamente una resolución que el propio Consejo Superior había votado tiempo atrás. Transformar una petición ante las autoridades en un “secuestro coactivo agravado” no es más que una maniobra política alevosa contra el movimiento estudiantil.
El movimiento estudiantil como rehén
Los dirigentes estudiantiles ahora procesados cumplieron con su deber al acompañar desde un primer momento a los estudiantes y docentes de Merlo. La función de quienes han sido electos para ocupar lugares destacados en las organizaciones estudiantiles es el de acompañar positivamente a sus compañeros por los reclamos que hacen a la defensa de la educación y la universidad pública.
Indudablemente, con fallos como éste se pretende mantener como rehenes a los dirigentes estudiantiles, condicionando su accionar político y gremial en todo lo referente al cumplimiento de las tareas para las cuales han sido electos por sus propios compañeros. Es a esto que apunta la judicialización de la protesta social y es por eso que debe ser rechazada por todos aquellos que, más allá de sus diferencias políticas, defienden la necesidad de un movimiento popular activo y movilizado que sea protagonista de la realidad política nacional.
El juez carece de elementos para procesar a nuestros 10 compañeros. Se los juzga no por sus actos sino por ocupar cargos de responsabilidad en las organizaciones estudiantiles. Se trata, por lo tanto, de una persecución lisa y llana y de esa manera debe ser denunciada.
Por el inmediato desprocesamiento
Estamos en presencia de un hecho de máxima gravedad. Sobre buena parte de la actual dirección del movimiento estudiantil de la UBA pesa la amenaza de un juicio por un delito que tiene penas de tal magnitud que su cumplimiento supone la prisión efectiva de 10 dirigentes estudiantiles.
Los compañeros procesados, Cristian Henkel, María Damasseno, Mariela Solesio, Santiago Gima, Agustín Vanella, Juan Pablo Rodríguez, Leonardo Perna, Laura Casal, Alejandro Raia y David Fridman, son todos destacados luchadores del movimiento estudiantil y protagonistas indiscutidos de las luchas libradas en el último período. Entre ellos se encuentran 2 de los 3 actuales copresidentes de la FUBA, 3 ex presidentes de la misma, 1 Consejera Superior, presidentes de centros de estudiantes y Consejeros Directivos de varias facultades.
La gravedad del procesamiento salta a la vista al ver que se los acusa del delito de “secuestro coactivo agravado por el número de participantes” que tiene una pena que va de los 10 a los 25 años y que por lo tanto es no excarcelable. Al mismo tiempo se ha trabado un embargo de $ 10.000 sobre cada uno de los compañeros y se les ha prohibido arbitrariamente la salida del país.
Una lucha triunfante
Es importante señalar que la lucha librada durante la primera parte del año por la permanencia de una sede del CBC en la zona oeste concluyó de una manera victoriosa. La lucha comenzó en el mes de marzo, cuando al comenzar las clases los estudiantes y docentes del CBC de Merlo se encontraron con la novedad de que la sede sería cerrada. El intendente de Merlo, Raúl Othacehé responsabilizaba al rector de la UBA Rubén Hallú, y éste, por su lado, le echaba la culpa al intendente de Merlo. Pero, mientras entre ambos se tiraban la pelota, las víctimas eran los 3500 estudiantes inscriptos en la sede junto a los trabajadores docentes y no docentes de la misma.
Ante esto estudiantes y docentes tuvieron una actitud ejemplar. Resolvieron de manera democrática quedarse en el lugar dictando y tomando clases mientras el rector y el intendente amenazaban, cada uno por su lado, con forzar un desalojo. Si éste finalmente no se dio fue únicamente por la actitud firme de estudiantes y docentes y por el apoyo brindado por la inmensa mayoría de la Universidad de Buenos Aires.
Aquel 28 de mayo la movilización de estudiantes, docentes y padres de Merlo tenía un objetivo muy concreto, a saber: el cumplimiento de la resolución Nº 3830 que había sido conquistada el 16 de abril del corriente año, pero que el rectorado se negaba a implementar efectivamente. La situación era sumamente grave porque las autoridades bloqueaban la presencia de personal administrativo en la sede, se negaban a tomar los exámenes en las instalaciones de Merlo y no había ningún avance sobre la búsqueda de una nueva sede. Esto obligaba a los estudiantes a quedarse a pernoctar en la sede del CBC, realizando una vigilia en custodia de las instalaciones.
Cuando el 28 de mayo los estudiantes, docentes y padres concurrieron a la sesión del Consejo Superior fue, como acabamos de señalar, para reclamar que se cumpla efectivamente una resolución que el propio Consejo Superior había votado tiempo atrás. Transformar una petición ante las autoridades en un “secuestro coactivo agravado” no es más que una maniobra política alevosa contra el movimiento estudiantil.
El movimiento estudiantil como rehén
Los dirigentes estudiantiles ahora procesados cumplieron con su deber al acompañar desde un primer momento a los estudiantes y docentes de Merlo. La función de quienes han sido electos para ocupar lugares destacados en las organizaciones estudiantiles es el de acompañar positivamente a sus compañeros por los reclamos que hacen a la defensa de la educación y la universidad pública.
Indudablemente, con fallos como éste se pretende mantener como rehenes a los dirigentes estudiantiles, condicionando su accionar político y gremial en todo lo referente al cumplimiento de las tareas para las cuales han sido electos por sus propios compañeros. Es a esto que apunta la judicialización de la protesta social y es por eso que debe ser rechazada por todos aquellos que, más allá de sus diferencias políticas, defienden la necesidad de un movimiento popular activo y movilizado que sea protagonista de la realidad política nacional.
El juez carece de elementos para procesar a nuestros 10 compañeros. Se los juzga no por sus actos sino por ocupar cargos de responsabilidad en las organizaciones estudiantiles. Se trata, por lo tanto, de una persecución lisa y llana y de esa manera debe ser denunciada.
Por el inmediato desprocesamiento
Estamos en presencia de un hecho de máxima gravedad. Sobre buena parte de la actual dirección del movimiento estudiantil de la UBA pesa la amenaza de un juicio por un delito que tiene penas de tal magnitud que su cumplimiento supone la prisión efectiva de 10 dirigentes estudiantiles.
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